La común y trillada excusa con la que los jueces denegaban la indexación, esto es la prohibición establecida en el art. 7 de la Ley N°23.928 de convertibilidad ha  quedado descontextualizada en la actualidad.

Esto es porque existen diversas formas de actualizar los créditos que se aplican para ciertas situaciones jurídicas, pero no para los trabajadores que reclaman en el marco de la LCT.

Es decir, un trabajador que reclama en base a la Ley Sistémica de Riesgos del Trabajo, puede actualizar su crédito en base al RIPTE (“Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables”), pero el trabajador que aquí reclama por un despido y diferencias salariales no puede.

Se configura entonces una grave discriminación en contra de los trabajadores.

Agregamos, de hecho hoy cualquier persona puede invertir en un Plazo Fijo en un Banco Nacional en la modalidad UVA (“Unidades de Valor Adquisitivo”) que no es otra cosa que una unidad de indexación de valor que refleja la inflación. Aquí la situación ya es mas grave, porque un empleador deudor puede invertir el dinero que debe en un Plazo Fijo UVA y al cabo de 5 años – que es el tiempo promedio de duración de un juicio laboral en la actualidad – retirar ese dinero indexado con más una tasa de interés, pagarle al trabajador la sentencia y aún así salir ganando.

El sistema actual alienta a que las empresas incumplan pues les resulta económicamente redituable (y confiscatorio para el trabajador reclamante).

La segunda situación descripta, configura una segunda gravísima discriminación y un peligroso incentivo a que las empresas incumplan con sus obligaciones laborales al amparo de la Justicia del Trabajo.

Hoy en Argentina, siguiendo esta lógica, la única persona que no puede indexar sus créditos es el trabajador.

Señores Jueces ustedes han sido colocados en sus cargos para defender los derechos de la de la Constitución Nacional, los exhortamos a que hagan honrar su nombramiento y actúen en defensa de los sujetos de preferente tutela constitucional. Tal como lo explicara magistralmente desde hace años, el reconocido abogado laboralista, Dr. JULIO ENRIQUE GONZÁLEZ RUBIO, las normas constitucionales violadas son las siguientes:

Art. 14 bis de la Constitución Nacional: Este artículo garantiza al trabajador reclamante numerosos derechos constitucionales (protección contra el despido arbitrario, remuneración justa, entre otros).

Dichas garantías constitucionales resultarían lesionadas, si no se adecuaran los créditos a la realidad del mercado porque la indemnización contra el despido arbitrario, quedaría reducida por la inflación y los salarios adeudados licuarían su valor contradiciendo así la garantía constitucional de justicia en la remuneración.

Art. 17 y 18 de la Constitución Nacional: El acreedor laboral tiene derecho al pago de las sumas debidas (por despido y remuneraciones) en un monto real idéntico en su valor al que debió percibir en el momento de la mora del deudor, con más los intereses compensatorios y punitorios correspondientes.

Sin embargo, tal como lo demostramos precedentemente la tasa de interés impuesta por el sentenciante priva al actor de gran parte del capital real de su crédito: los intereses fijados ni siquiera cubren la depreciación del dinero. No hay intereses reales y positivos. Este atropello al derecho a la propiedad debe ser subsanado por el Poder Judicial, garante de los Derechos Humanos y de las normas constitucionales, buscando y encontrando una salida que permita a cada ser humano, también al trabajador, lograr y conservar el derecho a la propiedad privada en todos sus alcances.

El presente proceso judicial, entonces, lejos de concretar el acceso a la tutela judicial efectiva (garantía del art.18 CN), se convierte en un instrumento de transferencias de recursos, desde la parte actora a la parte demandada. La demandada, por el mero transcurso del tiempo y la instrumentación del proceso judicial en su beneficio, ve licuada su deuda. Se lesiona, por lo tanto, la garantía de la propiedad privada, por las transferencias de recursos económicos, de la parte actora a favor de la demandada, todo lo cual lesiona el debido proceso legal y la igualdad de las partes en el mismo (art. 18 CN).

Arts. 519, 520, 521, 522, 622 del Código Civil Vélez Sarsfield y arts. 1738, 768 y 769 CCCN: Que atento a que en el derecho Argentino no existe un interés legal, los jueces deberán determinar el interés que se debe abonar de acuerdo a lo dispuesto por los arts. 519, 520, 521, 522 y 622 del Código Civil Vélez Sarsfield y arts. 1738, 768 y 769 del Nuevo CCC, los que de acuerdo a todo lo expuesto no podrán ser fijados con las tasas de las Actas CNAT pues ello está expresamente vedado por la Doctrina Federal de la Corte Suprema de Justicia de La Nación.
En realidad el interés aplicado ni siquiera cubre la inflación, por lo que la sentencia no fija intereses verdaderos, reales y positivos.

Reitero, ellos ni siquiera cubren la inflación. Es decir que con la suma liquidada, el actor cobra una suma de dinero cuyo poder adquisitivo es menor al que tenía el capital -sin intereses- al momento del despido.
Todo lo aquí expuesto fue desarrollado por el Dr. Nahuel Altieri el 02/11/18 en el 10° Congreso de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral (Bariloche, Rio Negro, Argentina) en su disertación sobre la insuficiencia de la Tasa de Interés Aplicable.
Por ende, corresponde hacer lugar aplicando la indexación solicitada, ya sea por aplicación de índice UVA o RIPTE (el que más beneficioso resultare para la actora al momento de efectuar el cálculo al momento del 132 LO).

 

HECHO EL DEPÓSITO QUE MARCA LA LEY EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR – IF-2018-57588082-APN-DNDA#MJ.

 

EN LA ARGENTINA SE PERMITE LA INDEXACIÓN PARA TODOS MENOS PARA EL TRABAJADOR.

CREDITOS LABORALES
20/05/2018
Nahuel Altieri - Laboralista
www.altierilegal.com

La indexación es un privilegio de los poderosos, pero no de los trabajadores. En un artículo con con sólidos fundamentos el Dr. Nahuel Altieri nos explica en forma detallada y sistemática como muchos jueces miran para otro lado ante tremenda injustia y nos detalla que disposiciones de la CN son vulnerados sin la más mínima vergueza judicial.