CÓRDOBA.

La provincia de Córdoba es por ahí la pionera en lo que respecta a llevar a cabo investigaciones penales contra abogados y médicos que supuestamente forman parte de la "mafia de los juicios laborales".

El fiscal de Delitos Complejos, el Dr. Enrique Gavier, inició en 2011 una investigación sobre demandas fraudulentas contra Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, en un contexto en el que la provincia de Córdoba tenía el récord de demandas laborales por accidentes de trabajo.

Hasta el día de la fecha existen solo 3 causas esperando juicio oral contra profesionales del derecho y de la medicina. Pero son dos de esos tres casos los que obtuvieron mayor resonancia en los últimos tiempos.

El primero de ellos llevó nueve años de investigación y todavía está a la espera de un juicio oral. Solo están procesados abogados y médicos, pero ningún trabajador.

Las supuestas estafas son a Provincia ART y en la causa están implicados seis abogados y nueve médicos. Al comienzo de las investigaciones se dictaron prisiones preventivas, pero luego fueron todos liberados, con lo cual los procesados están esperando en libertad una sentencia condenatoria o absolutoria.

El trabajo del Dr. Gavier se inició hace más de 9 años cuando el entonces titular de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación (SRT), Juan González Gaviola, viajó a la provincia de Córdoba para hacer una presentación ante Tribunal Superior de Justicia cordobés ya que dicha provincia encabezaba el ranking de los distritos judiciales con mayor cantidad de reclamos judiciales a las ART. Por ese entonces Córdoba concentraba más de 20% del total del país. El segundo caso más resonante en Córdoba fue otra supuesta estafa a Liberty ART SA (Luego adquirida por SMG ART), Consolidar SA (Adquirida posteriormente por GALENO ART), Berkley International SA y Prevención SA.

En este expediente un grupo de abogados que asesoraban a la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) "supuestamente" tenían acceso a la base de datos de empleados de distintos nosocomios de la provincia de Córdoba y de esa manera conseguían captar a clientes que eran empleados en relación de dependencia de los Hospitales Italiano, el Hospital Psiquiátrico de Oliva y de otras entidades relacionadas con la salud.

Luego de obtener todos esos datos éstos abogados contactaban y persuadían a los trabajadores accidentados o enfermos de que tenían derecho a demandar indemnizaciones a las ART. Una vez presentada la demanda en la Justicia laboral estos abogados contactaban a las ART para ofrecerles un acuerdo por un monto menor al originalmente demandado y de esta manera arreglaban sin problemas. Esta práctica es casualmente llevada a cabo por dos estudios jurídicos dentro del ámbito de tribunales porteños.

Actualmente en la justicia penal cordobesa existen 15 líneas de investigación, pero solo tres están a la espera de un juicio oral. Hasta el día de hoy no hay condenas.

 

SAN JUAN.

A mediados del 2017 una comisión médica de la provincia de San Juan fue intervenida por una serie de irregularidades que se detectaron a causa de una encuesta de satisfacción que llevaba la propia Superintendencia de Riesgo de Trabajo de la Nación (SRT) con los trabajadores que realizaban sus trámites en las comisiones médicas sanjuaninas. En estás encuestas una trabajadora relató que el día que fue atenderse por un accidente laboral el policía que custodiaba la dependencia del organismo público le entregó la tarjeta profesional de un estudio jurídico (En este caso el estudio jurídico Gómez y Asociados) con el argumento de que dichos abogados tenían contacto con los médicos que allí se desempeñaban en la comisión médica y que de esa manera se aseguraba conseguir una buena suma de dinero. Con ese testimonio, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo de la Nación (SRT) inició una auditoria interna, separó de sus tareas a los 11 empleados de la comisión médica (Entre los que se cuentan médicos, psiquiatras, abogados y administrativos), intervino la comisión médica y realizó la denuncia penal.

El dato de color es que, según el Licenciado Morón, la auditoria sólo reveló tan solo 16 expedientes presentaban supuestas irregularidades.

Teniendo en cuenta la magra cantidad de expedientes sospechosos que se detectaron nos surge el siguiente interrogante: ¿Se detectó precozmente el accionar de un estudio carancho o sólo se trató de una acción de marketing institucional? Al día de hoy la causa está radicada en el Juzgado Federal Nº 2 a cargo Leopoldo Rago Gallo. No hay detenidos.

 

LOS SORDOS DE LA CALERA EL VOLCÁN.

Otro caso resonante fue, también en San Juan, allá por el 2011 cuando el juez federal Leopoldo Rago Gallo (Quién también interviene en caso de la comisión médica sanjuanina) empezó a investigar a los abogados de un estudio jurídico de la misma provincia, a tres médicos y a un obrero (Que actuaba como captador o puntero) por armar una asociación ilícita para inventar casos de sordera en obreros mineros y de esa manera estafar a La Segunda ART. En el expediente solo se habla de 16 acuerdos en sede administrativa y 7 casos judicializados. Lo cual sorprende de sobremanera ya que a un estudio carancho le ingresan por día no menos de 50 carpetas diarias.

De la investigación penal surge que algunos obreros manifestaron que unos abogados cordobeses y sanjuaninos se acercaban a sus domicilios o enviaban a sus mensajeros y les prometían que iban a recibir indemnizaciones suculentas si presentaban problemas de sordera. Éstos abogados le dejaban aclarado a los obreros de que no tenían que preocuparse por su puesto laboral ya que la empresa no era la que ponía la plata sino la ART. Para darle mayor seguridad a los obreros éstos abogados le prometían que iban a ser asesorados por médicos para que las pruebas de audición salieran favorables.

Según la investigación penal éstos abogados se aprovechaban de una puerta abierta que dejaban las ART ya que éstas no solo no hacían los exámenes preocupacionales sino que tampoco hacían los exámenes periódicos para comprobar el estado de salud de los trabajadores.

Según el juez federal Leopoldo Rago Gallo el negocio ilícito se armó para vaciar el Fondo de Fines Específicos que era común a todas las ART, el cual iba a pasar a manos del Estado nacional, el cual lo creó por el decreto N°590/97, con el que se atendía el pago de enfermedades de hipoacusia. Esto se creó porque antiguamente la nomenclatura en la que se basaban las ART no figuraba la cobertura para ese problema de salud. Ese fondo debía ser controlado por la Superintendencia de Seguros (SSN) y la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) dependiente del Ministerio de Trabajo de la Nación. Pero lo más sorprendente es que todo este revuelo judicial que lleva más 7 años se generó sólo por veintitrés reclamos administrativos por sordera y unos siete reclamos judiciales por el mismo cuadro. Al parecer se investigan caranchos de poca monta o se hace la vista gorda con estudios grandes que son funcionales a las ART.

 

POSADAS.

En marzo de éste año el Superintendente de Riesgos del Trabajo, Gustavo Morón, dispuso la intervención de la Comisión Médica Jurisdiccional N°3 de Posadas (Misiones) por presuntas irregularidades administrativas. También se investiga supuestas irregularidades en el vínculo que existiría entre el personal de la Comisión Médica y abogados integrantes de estudios jurídicos externos y presuntas anomalías en el accionar de algunos médicos veedores de las ART, que se desempeñarían además como representantes de los trabajadores.

Como medida preventiva y mientras dure la sustanciación de la investigación y la auditoria interna, se dispuso la separación de la Coordinadora de la Comisión Médica, de los médicos y del personal administrativo que se desempeñan en esa sede médica. Hasta el día de hoy la investigación no tiene procesados, ni detenidos y el volumen de expedientes administrativos con supuestas irregularidades no son más de veinte.

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

La Policía de la Ciudad detuvo a mediados de éste año un abogado que supuestamente falsificaba documentos para iniciar expedientes administrativos relacionados a accidentes de trabajo que se gestionan ante las comisiones médicas que dependen de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). La causa recayó en el juzgado federal de Julián Ercolini, donde a instancias del área de Prevención del Fraude de la SRT se investiga el alcance de la presunta maniobra y no se descarta que pudiera involucrar a unos 70 expedientes de trabajadores que iniciaron reclamos de indemnizaciones por accidentes laborales. Otra vez vuelve a sorprender el bajo número de expedientes con ciertas irregularidades. El abogado (En principio detenido y luego liberado) supuestamente se presentaba en la Comisión Médica Jurisdiccional N°10 de la Ciudad de Buenos Aires, con un acta poder trucha para representar a trabajadores que habían sufrido un accidente laboral. Fue en ese momento en que una de las empleadas detectó “sagazmente” que un sello no se correspondía con los utilizados por la SRT y que su firma había sido adulterada.

Luego de detectada tal irregularidad la empleada dio aviso a la policía para que ésta procediera de inmediato a la detención del abogado. Posteriormente a dicho evento se activó dentro de la misma comisión médica una investigación interna en la cual la SRT que detecto no más de 10 expedientes sospechosos en los cuales habría participado el abogado en cuestión.

 

UNA CRÍTICA QUE TERMINÓ EN TIRÓN DE OREJAS.

El Dr. Gabriel Iezzi, socio del estudio Iezzi & Varone (Asesores de Aseguradoras) y miembro de la Asociación Americana de Examinadores de Fraudes (ACFE) hizo tiempo atrás un comentario crítico al mercado asegurador ya que sostuvo que existen compañías aseguradoras que piensan que la investigación de un siniestro es un gasto y por lo tanto no es tomada como una inversión. Según Iezzi “En Argentina aún no existen estudios que determinen con exactitud cuál es el impacto de este delito en el sector”. Pero posteriormente a éstas declaraciones (Y seguramente como correctivo del mercado asegurador) el estudio Iezzi-Varone tuvo que iniciar dos denuncias en fiscalías porteñas contra media docena de estudios jurídicos por hostigamiento a pacientes que se encontraban en clínicas que tienen convenios con distintas ART. A estas denuncias penales le siguieron otras denuncias contra estos estudios en la Comisión de Vigilancia del Colegio de Abogados porteño. Hasta el día de hoy no hay ningún detenido, las investigaciones fueron archivadas y dentro de los estudios denunciados no se encontraban dos importantes estudios porteños cuyos nombres zumban diariamente por los fríos pasillos de tribunales. En conclusión, hasta el día de hoy las denuncias son presentadas contra estudios jurídicos medio pelo, pero nunca son presentadas contras esos estudios caranchos de guante blanco que siempre terminan siendo funcionales a las ART ya que les hacen ahorran mucho dinero.

¿EXISTEN ESTADISTICAS DE LAS MAFIAS DE LOS ABOGADOS LABORALISTAS?

RIESGOS DEL TRABAJO
20/05/2018
Mucho se ha hablado sobre el tema en las vísperas de reformas al sistema de riesgos de trabajo. Sin ningún tipo de seriedad y cuidado se ha tildado de delincuente al abogado laboralista desde los diferentes medios de comunicación. ¿Es mito o realidad? ¿Existen abogados condenados por estafas? ¿Existen estadísticas oficiales o de las aseguradoras? Esta serie de interrogantes nos lleva relevar algunos datos sobre el tema en cuestión.
Nahuel Altieri - Laboralista
www.altierilegal.com.ar